El proyecto busca conocer: áreas en las que se están realizando tareas o actividades de exploración; áreas hidrocarburíferas localizadas/proyectadas en las que se utilizaría la técnica de fractura hidráulica (fracking); fuentes de provisión de agua que dispondrían dichas perforaciones y fracturas hidráulicas; y cantidad de pozos o perforaciones por área y fecha programada de inicio de actividades de explotación.
Además, Riestra pregunta si en algún caso las actividades relativas a la exploración o explotación de hidorcarburos se desarrollará en territorios ocupados por comunidades indígenas y que evaluación se realizó sobre posibles conflictos con las poblaciones locales o con el desarrollo de actividades productivas de las comunidades cercanas.
Por último, el legislador pregunta, si los planes o proyectos que pretende impulsar la empresa YPF han sido objeto de consulta y/o evaluación por parte de Organismos tales como COFEMA, Subsecretaría de Recursos Hídricos, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación u otros.
Fractura hidráulica o fracking
La crisis energética actual, ha desatado una disputa grave por la explotación predatoria del suelo y subsuelo de los argentinos. Nuestro país, por primera vez en su historia hidrocarburífera, extrae más petróleo que el que descubre y menos de lo que necesitamos.
La privatización en manos de Repsol, sin controles ni límites, condujo a la explotación exacerbada de los pozos detectados durante años por nuestra YPF, sin invertir en exploración.
Fue así como creció la exportación, desabasteciendo el mercado interno; el agro y parcialmente la industria (y la minería), incrementaron la presión sobre los combustibles fósiles; lo mismo que el aumento desmesurado del parque automotor y el desmantelamiento de los ferrocarriles. Se desatendió la producción de energías alternativas (eólica, solar, etc.) que tiene posibilidades probadas y proyectos de industriales nacionales sin desarrollar.
Por Decreto 1277/12 del 25/7 se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina, fijando como objetivos estratégicos asegurar y promover inversiones dirigidas a la exploración y explotación de recursos convencionales y no convencionales.
La extracción e industrialización de hidrocarburos convencional y tradicional, ya es una actividad contaminante, cuyos impactos sociales, ecológicos y económicos se registran a lo largo y ancho del país.
En particular, la explotación de yacimientos no convencionales por medio de la tecnología conocida como fractura hidráulica, es aún peor, consume un volumen extraordinario de agua, energía y químicos, degrada el suelo, el aire, y el agua, generando irreparables daños a los ecosistemas y las poblaciones.
Nos preocupa que se esté impulsando una actividad que produce gravísimos impactos ambientales comprobados en países como EE.UU e Inglaterra. Las técnicas mencionadas ha sido prohibidas en países como Francia y Bulgaria, incluyendo moratorias en algunos estados de EE.UU., Sudáfrica, Suiza, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y otros. Existen ya estudios científicos que ponen de manifiesto la contaminación y los graves impactos ambientales producidos: Tyndall Center del Reino Unido, Universidad de Cornell y la National Ground Water Association de EE.UU. y el Parlamento Europeo.
Creemos que una mayor participación estatal en la actividad debe asegurar el cumplimiento de la Constitución Nacional, garantizando los derechos de los pobladores a un ambiente sano y de los pueblos originarios sobre los territorios que tradicionalmente ocupan, derechos que las empresas transnacionales del sector vienen vulnerando y desconociendo en nuestro país.
Los requerimientos a los operadoras no tendrían que limitarse a aspectos productivos y financieros sino también al apego a la normativa ambiental específica. Entendemos que debemos cuidar celosamente nuestra naturaleza toda, apoyar tecnologías de transición que nos permitan superar la dependencia de los hidrocarburos.
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