En la maratónica sesión del 25 y 26 septiembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó una nueva prorroga de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2017. De esta manera continuarán suspendidos los desalojos en tierras indígenas y el estado nacional deberá concluir el relevamiento de los territorios donde viven las comunidades de pueblos originarios.
La ley 26.160 fue sancionada a fines del año 2006 con el objeto de suspender los desalojos de las tierras ocupadas por pueblos originarios y poner así un freno a las múltiples situaciones de agravio, despojos, expulsiones y usurpación que afectaban la posesión de sus tierras ancestrales.
Esa herramienta legal fue creada como un mecanismo práctico de defensa de las comunidades indígenas para hacer posible la delimitación y la posterior ejecución de los derechos que la Constitución Nacional les otorga desde su reforma en 1994 y que no se habían hecho efectivos (y aún hoy continúan en la misma situación).
“A casi 20 años de la reforma constitucional y 7 años de la sanción de la 26.160, nos encontramos votando una nueva prórroga de esta última, porque no se dio cumplimiento a la ley, porque no se relevó todo el territorio nacional”, sostuvo el diputado nacional Antonio Riestra, presidente de la Comisión de Población de la cámara baja.
“En estos 7 años en que la ley no se cumplió, en los que no se relevó, en los que no se entregaron títulos de propiedad, las comunidades indígenas siguieron peleando por la posesión de sus tierras. Muchos perdieron la vida, muchos sufren en esa lucha cotidiana y también muchos fueron expulsados y hasta desalojados judicialmente, dado que a pesar de la claridad del texto de la ley algunos jueces no la aplican”, continuó Riestra.
En la actualidad, muchas comunidades indígenas se encuentran inmersas en pujas contra particulares, grupos económicos y en algunos casos hasta el propio estado provincial, que procuran quedarse con estas tierras para emprendimientos inmobiliarios, turísticos, agropecuarios o petroleros.
Según datos de la Subsecretaría de Agricultura de la Nación hay 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas son pretendidas por el sector privado o estatal.
Riestra explicó que “la tierra en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 857 casos y afecta a 63.843 familias. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos, siendo que el 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tienen relación directa con el avance modelo agropecuario basado en la soja”.
“Los constituyentes nos pidieron legislar para garantizar el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, entre otros derechos”.
“Hoy cumplimos en parte con ello votando la prórroga de la suspensión de los desalojos y cumpliremos también comprometiéndonos a controlar y exigir la aplicación y ejecución urgente de esta norma para que cuanto antes se haga realidad la titulación de todas las tierras que las comunidades indígenas ocupan”, concluyó Riestra.
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